La Sindicatura de Comptes denuncia irregularidades en la sanidad concertada
Subvenciones no publicitadas, pagos no justificados, concertación con hospitales privados de servicios que podrían haber sido cubiertos por entidades públicas y autorizaciones concedidas sin cumplir con todos los requisitos legales. Son las principales denuncias del primer informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre los gastos de asistencia hospitaliaria en centros concertados en Cataluña, que abarca tanto las últimas actuaciones de CiU como las primeras del tripartito.
A ambos gobiernos cabe atribuir la concesión de subvenciones encubiertas a seis hospitales de la red pública concertada. Se trata de dos acuerdos de 16 millones de euros en noviembre de 2003 y 9 millones más en marzo de 2004, destinados a asumir parte del déficit de las entidades beneficiarias. Se trata del Hospital del Mar, el de la Esperança, Sant Pau, Parc Taulí, F. S. Igualada y Hospital Comarcal Sant Antoni Abad, en la primera partida, mientras los nueve millones de la segunda fueron exclusivamente para el Hospital del Mar.
El informe de la Sindicatura señala en este caso que 'su concesión debería haber estado sujeta a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad', porque tienen 'naturaleza de subvención'. Otro de los usos denunciados por la Sindicatura es la gestión habitual en hospitales privados de servicios que podrían haber sido cubiertos por la red pública. Así, destaca que el Servei Català de la Salut (SCS) no justifica estas contrataciones 'pese a que sólo puede contratar servicios sanitarios con centros ajenos a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) con carácter excepcional y de forma limitada', carácter excepcional que en todo caso no se justifica en ninguno de los contratos con entidades privadas.
En este apartado es especialmente destacado el caso del Hospital General de Catalunya, cuyas dificultades económicas se paliaron en parte con contratos públicos de los gobiernos de CiU que, en 1999 ya asumió los 22,6 millones de euros avalados a esta empresa por el Institut Català de Finances. Antes de dejar el Govern, los nacionalistas aprobaron un convenio con el Hospital General por el que esta entidad seguirá gestionando servicios públicos por un valor de 10,28 millones de euros anuales hasta hasta julio de 2011. En 2003, el Hospital General cobró 11,5 millones de euros del SCS, un tercio del total del gasto derivado de prestación de servicios hospitalarios en entidades que no pertenecen a la XHUP.
El SCS tampoco ha podido justificar los criterios de reparto de los fondos destinados a programas especiales por un decreto del conseller de Sanitat firmado en junio de 2003. El informe de la Sindicatura,'pone en duda la existencia de una relación entre los importes pagados a las entidades proveedoras y los costes de ejecución de los programas'. Esta denuncia se confirma por las ratios obtenidas en tres programas, que muestran como una mamografía costaba 8,36 veces más en el centro más caro que en el más barato, o que un hospital puede recibir 31,62 veces más que otro por la misma sesión de rehabilitación foniátrica.
En este contexto, destaca el programa de Unidad funcional del SIDA, que se pagó exclusivamente a nueve hospitales, pese a que esta actividad se lleva a cabo en la mayoría de los centros, como señala el informe. Tampoco se justificó la cuantía de la subvención de 2,2 millones de euros otorgada al Institut de Recerca Oncológica para financiar el banco de cordón umbilical. La sindicatura denuncia además el pago de 20.000 euros no justificados a los centros de Clínica de Girona y Sant Hospital de la Seu d'Urgell. El primero recibió 4.580 euros y el segundo 15.451 euros más de los facturados al SCS, sin que la Administración autonómica haya justificado estos pagos de más.
Al margen de la gestión económica, la Sindicatura denuncia también la concesión de autorizaciones para la apertura y ampliación de centros hospitalarios, así como la realización de trasplantes de órganos y tejidos, otorgadas sin presentar todos los permisos o con informes contrarios. Así, la Dirección General de Recursos Sanitarios concedió la autorización de apertura a un centro que no tenía autorización administrativa previa, y a otros tres centros pese a que en los expedientes no consta que se comprobara que cumplían los requisitos legales. Y aún autorizó a otro centro pese a que la inspección había detectado deficiencias. En este contexto, especialmente sangrante es el caso de tres centros hospitalarios que pertenecen a la red de la XHUP pese a que en 2003 no estaban acreditados por el SCS.
que sigue es una muestra de lo que nos hemos encontrado y la prueba del nueve de que nos engañan
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