Hablemos en serio de la sanidad.

Artículo extraido del blog de Jose martí Gomez

Hablemos en serio de la Sanidad

Publicat el 9 maig 2012 per La Lamentable

Joan GrauGestor sanitario
9-5-2012 (8:50)
En  1942 Girón de Velasco, en su Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad, transformó el I.N.P. que se  había  creado en 1908,  en una Mutua que debía prestar la Asistencia Sanitaria. Lo hizo utilizando el método que hoy los informáticos definirían como “cortar y pegar”: Con Hospitales propios y los médicos y las enfermeras contratados por el Sistema Público (copiado del National Health Service inglés), pero con una financiación procedente de las cuotas que los empleados y las empresas pagaban (como las mutuas del modelo Bismarck alemán, pero aquí con una mutua estatal). Solo tenían derecho a asistencia los empleados que cotizaban y sus familiares directos menores o ancianos.
En 1978  la Constitución fijaba el derecho de todos los españoles a la Asistencia Sanitaria, que se concretó en la Ley General de Sanidad de 1986,  que generalizaba el derecho a la asistencia a todos los españoles y descentralizaba su gestión traspasándola a las comunidades autónomas. Se mantenía una financiación dualista entre cuotas e impuestos, creciendo la participación de éstos hasta el año 1999, en que pasó a ser del 100%. Esta ley organizaba la asistencia sanitaria en Atención Primaria y Atención Especializada (que se prestaría en los hospitales) pero decía que ambas debían estar coordinadas.
En 1981 se había producido el primer traspaso de las funciones y servicios del Insalud a la comunidad autónoma catalana, que contrató diez gerentes para gestionar adecuadamente su Instituto Catalán de la Salud (ICS). Ocho de los gerentes gestionarían hospitales y dos la atención primaria. Todos estuvieron de acuerdo en que lo importante habría sido gestionar regiones sanitarias que incluyesen la atención primaria y su hospital de referencia. Pero, de los sesenta hospitales que el Mapa sanitario admitía, solo doce pertenecían al ICS.
En 1983 Fetter creó los Grupos de Diagnóstico Relacionados (DRG) para establecer un sistema prospectivo de pago a los hospitales por su atención a los enfermos ingresados, eliminando el pago por día de estancia y analizando el tiempo necesario para su atención y sus costes.
Un artículo de la revista The Economist de 1991  decía: El servicio sanitario es un negocio peculiar. Es colosal, tiene una demanda muy importante. La mayoría de los países ricos del mundo gasta casi el 10% de su producto interior bruto en ello. El hospital local es, a menudo, el mayor negocio de la ciudad. No está catalogado como tal por una peculiaridad del servicio sanitario: la mayoría de los que trabajan en él niegan que se trate de un negocio. Los médicos consideran que su larga y exigente preparación los pone en la cima de las profesiones, no por debajo de los proveedores de servicios. Y desde luego, no por debajo de los gestores profesionales, que no entienden de medicina y usan palabras como coste, gasto, provecho, etc.
En 1994 se había traspasado la atención Sanitaria a siete Comunidades Autónomas.
En 2002 se traspasó a las diez restantes, pero sin definir que cosas quedaban en el Gobierno Central, como se distribuía el presupuesto que el país destinaba a Sanidad, de lo que recaudaba con sus impuestos, que formulas de coordinación se establecían y que prestaciones estaban garantizadas para todos los ciudadanos. Nadie pensó en una tarjeta sanitaria única.
A partir de entonces cada comunidad tuvo libertad para organizar su atención sanitaria y se implantó el sistema, conocido en todo el mundo: inventar lo que está hecho y no mirar lo que los demás hacen bien o mal.
En 2012 los periódicos van llenos del tema Guadiana: Ahorrar en Sanidad. Sucede que nos hemos convertido en pobres y nuestros políticos siguen sin saber administrar el dinero de nuestros impuestos y deciden ahorrar en Sanidad para equilibrar las cuentas del Estado, porque no sabemos,  no podemos, o no queremos hacerlo en otros gastos
En el reparto de recortes en el gasto y después de las rebajas en nóminas y reducciones de actividad aplicados por el Govern catalán, la nueva e inexperta ministra del ramo ha recibido la instrucción de reducir, en el presupuesto de 2012, la módica cantidad de 7000 millones.
Ha explicado como lo hará: Por retirar la tarjeta sanitaria a los extranjeros irregulares y turistas sanitarios europeos ahorrará 917 millones. Por unificar las compras de material sanitario de todas las comunidades (cosa que legalmente no puede hacer) ahorrará 1000 millones, rebajando los precios que fijan los proveedores. En recursos humanos reducirá 500 millones (15.000 parados más). Por ordenar la cartera, o sea eliminar prestaciones, serán 700 millones.
Y en el capítulo de la Farmacia: Eliminará del nomenclátor medicamentos por valor de 500 millones. Substituirá otros por genéricos por valor de 1550 millones. Conseguirá que los pacientes no acumulen en sus casas medicación por valor de 1000 millones y nos invitará a que, en la Farmacia Copaguemos por valor de 500 millones. Total en Farmacia 3550 millones, o sea: más de la mitad. Los gastos en sanidad se distribuyen en tres capítulos principales: Farmacia (23%), Hospitales (47 %) y Atención Primaria (21 %).
Otra propuesta es volver a la ley de Girón garantizando sólo la asistencia a los que tengan cartilla y eliminando cartillas, pero privatizando la prestación. En resumen una intromisión en la ley vigente sin entrar en el tema base: La mejora en la organización que permita gastar lo necesario para seguir prestando una buena asistencia sanitaria a un coste adecuado.
En Organización Empresarial, cuando se trata de un caso de una empresa en quiebra, como es ahora la Sanidad, se empieza por un análisis que lleva al Presupuesto Base Cero, que elimina lo innecesario. Una estructura lógica debería pasar por la creación de Regiones sanitarias en las que pudiese prestarse la atención sanitaria a la mayor parte de los problemas de los pacientes, dejando para centros especializados lo que requiere alta tecnología. Es absurdo llevar al hospital próximo al paciente operaciones y tratamientos muy sofisticados y reducir el número de veces que éstas se practican, con el riesgo de falta de práctica del personal y empeoramiento de calidad. Si en una comunidad se hacen quinientos trasplantes de riñón y una unidad hospitalaria  puede hacer cerca de trescientos es ilógico mantener siete unidades, con un coste de guardias elevado y una efectividad baja.
En cada región los pacientes, con una Historia Clínica única informatizada y accesible (igual que es accesible el dinero que cada uno tiene en su banco desde cualquier terminal del mundo) deberían tener asignado su médico de cabecera, su centro de diagnóstico, su área de urgencias, su hospital de referencia y en caso de necesidad su residencia socio-sanitaria, que tuviesen, todos ellos,  acceso a toda la información sin que fuese necesario duplicar pruebas ni transportar papeles. Así  podría atenderse la mayor parte de los problemas y estudiarse la forma de atención a los enfermos crónicos, formándoles adecuadamente para su autocuidado y evitando las aglomeraciones en urgencias en los momentos de agudización de sus procesos.
Esta organización debería ser implantada con la colaboración del estamento sanitario, que quedaría centrado en hacer su trabajo asistencial. Su puesta en marcha a partir de cero, esto es, eliminando las estructuras políticas y la multitud de duplicidades existentes, reduciría el coste de la atención sanitaria, permitiría el control del coste unitario en el Hospital (DRG),  en Primaria, en Diagnósticos y en Urgencias y ayudaría a la comparación de la eficiencia de todas las partes del sistema. Una vez conocida la situación real y  el total del gasto,  sería el momento de la decisión de sufragar este gasto con cargo a los presupuestos del estado y de comprobar si la privatización de alguno de los apartados permite hacer mas barato lo que está gestionado públicamente. Parece difícil que si la gestión pública es buena una empresa privada, que pretende ganar dinero, pueda hacer lo mismo más barato.