La Generalitat de Catalunya garantiza la atención sanitaria a los sin papales

La Generalitat garantiza la atención sanitaria a los ‘sin papeles’De aplicarse el decreto, 180.000 extranjeros y 420.000 españoles quedarían sin atención médicaSerá necesario renovar la tarjeta sanitaria cada año y acreditar un empadronamiento de tres meses La Generalitat garantiza en los próximos seis meses la misma atención sanitaria que hasta ahora presta a las 600.000 personas que en Cataluña -el 8% de la población catalana- deberían quedar excluidas del acceso al sistema sanitario público no urgente con la entrada en vigor el 1 de septiembre del Real Decreto que regula la condición de asegurado.El Gobierno catalán asegura la asistencia médica durante este periodo a los 180.000 extranjeros y los 420.000 españoles que no cotizan a la seguridad social. Los sin papeles deberán acreditar durante este semestre al menos tres meses de empadronamiento para poder obtener una tarjeta que da acceso a la atención primaria, urgencias y a especialistas en casos excepcionales y el copago del 40% del gasto farmacéutico. Los españoles que no han cotizado a la Seguridad Social tendrán que firmar un convenio con el CatSalut, la agencia responsable de la atención sanitaria en Cataluña.Con esta fórmula, el Gobierno catalán "cumple con el Real Decreto que regula la condición de asegurado, pero va más allá, siguiendo la convicción de que la salud es un derecho de la ciudadanía y no depende de si se es beneficiario o no de la Seguridad Social", ha explicado este jueves el consejero de Sanidad, Boi Ruiz.Los 180.000 extranjeros tendrán que renovar anualmente la tarjeta que les dará acceso a la atención médica. A partir del segundo año ya no será preciso una evaluación de especial para acceder a médicos especialistas. Con estas medidas, el ejecutivo de Artur Mas pretende atajar el turismo sanitario.Los 420.000 españoles que constan que no han cotizado a la Seguridad Social y que se verán afectadas en Cataluña por el Real Decreto son en su mayor parte profesionales liberales, personas con riesgo de exclusión y religiosos. De este grupo los que tengan rentas anuales superiores a los 100.000 euros quedarán excluidos de la asistencia sanitaria pública.